De nuevo las autoridades brasileñas han bloqueado WhatsApp para todo el país. Una maniobra que dejaba a millones de usuarios sin acceso a la app durante 72 horas por una orden judicial que no pretendió ser una medida de seguridad o prevención, sino de castigo al servicio o, más bien, a su poseedora: Facebook.
Según leemos en BBC, ha sido el juez Marcel Maia Montalvão el que tomó la determinación de bloquear el servicio durante tres días en todo el país. El juez, a cargo de una causa de narcotráfico, decidió llevar acabo la medida según apuntan después de que la empresa evitase colaborar en dicha investigación.
Déjà vu por triplicado
Quizás esto no suene porque no es ni mucho menos el primer bloqueo al servicio que se da en el país sudamericano. En el último año hemos sabido de tres bloqueos a WhatsApp con una duración de entre 12 y 72 horas, siendo los anteriores en febrero y diciembre de 2015. ¿El motivo? La negación por parte de la compañía a colaborar en una investigación llevada a cabo de las autoridades.
En esta ocasión la orden se envió a las cinco operadoras móviles más importantes de Brasil, empezando a cumplirla a las 14:00 locales. Como no podía ser de otra manera, a la compañía de Zuckerberg le parece una determinación excesiva y tras este último bloqueo por parte del juez Maia Montalvão expresaban su descontento con la misma.
Esta decisión castiga a más de 100 millones de personas que dependen de nuestro servicio para comunicarse, administrar sus negocios y mucho más, para obligarnos a entregar informaciones que afirmamos repetidamente que no tenemos", indicó la compañía.
El precio de la privacidad
Lógicamente, tanto para la compañía que hay detrás del popular servicio como para sus usuarios la medida parece desproporcionada. Más aún cuando, según declaran, no son poseedores de la información que las autoridades les reclaman comunicando textualmente que habían colaborado "en toda la extensión de (su) capacidad con los tribunales brasileños".
¿Qué es lo que necesitaban los tribunales? Al parecer éstos solicitaron el acceso a los datos de algunos usuarios que, según la policia, se comunicaban mediante la app, con el fin de determinar los nombres, direcciones y accesos a redes sociales de los implicados. Algo que implicaría quebrantar la privacidad de éstos, un tema que tanto WhatsApp como muchas de las grandes compañías tecnológicas se toman muy en serio arriesgándose a las medidas que las autoridades pueden tomar.
Medidas como la detención de Diego Dzodan, representante de la compañía de Zuckerberg en Brasil. El portavoz pasó 24 horas bajo arresto como medida paralela al mencionado bloqueo con el fin de que colaborase compartiendo los datos cuya posesión suponían las autoridades al respecto de la operación de narcotráfico.
Los límites y la cara B
¿Tienen derecho las autoridades a actuar con represalias ante la negativa a la colaboración? Lo tienen (a la vista está), aunque esto es otro aspecto del debate sobre dónde están los límites tanto en la exigencia por parte de éstas como en el derecho a la privacidad cuando se trata de sospechas e investigaciones.
Sobre todo teniendo en cuenta que en esta ocasión la penalización va mucho más allá de la empresa afectando a usuarios que no tienen nada que ver con el asunto y se quedan sin poder usar un servicio, el cual además en muchos casos les proporciona un ahorro (como leíamos en el comunicado, WhatsApp habla de unos 100 millones de usuarios afectados). Aunque al parecer algunos pudieron seguir usándolo a través de redes inalámbricas, por lo que se leyó en redes sociales.
Aquí, además, entra un perjuicio secundario para la empresa; no sólo se trata de que su servicio queda suspendido durante unos días, sino de que ante ello los usuarios se van a "otros patios". Como ha ocurrido también en anteriores bloqueos, las descargas de Telegram, uno de sus principales rivales, experimentaron un pico entorno a 1 millón. De hecho fue tan acusado en tan poco tiempo que desde Telegram tuvieron que disculparse al no dar abasto para absorber todas las peticiones de código de verificación para activar la app.
¿Veremos más bloqueos por parte de los jueces brasileños? Viendo cómo se repite la historia, tanto en procedimiento como en desenlace, no sería de extrañar que ante una situación similar se volviese a tomar esta determinación. Lo que va quedando claro es que hay mucho que hacer entorno al ámbito legal y penal al respecto de la privacidad en la información, y que tras casos como éste o como el de Apple no serán ni mucho menos los últimos.
Vía | BBC
En Xataka Móvil | Cómo funciona el cifrado extremo a extremo de Whatsapp y qué implicaciones tiene para la privacidad
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