Europa vive en una encrucijada. A pesar de que nuestras redes fijas y móviles están avanzando a grandes pasos, todavía hay mucho camino que andar. El principal problema es que la iniciativa privada fija sus ojos en la rentabilidad, lo que está provocando que la llamada brecha digital no disminuya, sino todo lo contrario, que siga creciendo.
Y con el fin de disminuir esa brecha y acelerar la llegada de nuevas tecnologías la Comisión Europea ha presentado hoy un nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas. Entre otras medidas, como la ya comentada de llevar WiFi a todas las ciudades en 2020, se encuentran la de conectar todos los hogares del continente con al menos 100 megas en 2025 o que el 5G esté en funcionamiento en 2020.
Todas las escuelas, universidades, centros de investigación, estaciones de transporte y edificios públicos tendrán que disponer de conexiones de 1 Gbps para 2025. Esa es la primera intención que ha anunciado la Comisión Europea. El segundo punto también está relacionado con conexiones fijas, ya que pretende que todos los hogares (en zonas urbanas o rurales) cuenten con conexiones de 100 megas (actualizables a 1 Gbps) para el mismo año.
Por último, la Comisión quiere que Europa tome la cabecera mundial en el despliegue de la próxima generación móvil, para lo que propone que al menos una ciudad de cada Estado miembro tenga cobertura 5G accesible para los usuarios finales en 2020. Ya en 2025 todas las áreas urbanas, carreteras y vías de tren tendrían que tener 5G.
¿Quién paga la fiesta?
Cumplir todos esos objetivos tendría un coste aproximado de 500.000 millones de euros según la Comisión, dinero que el organismo quiere que salga de arcas privadas, ellos sólo facilitarán los despliegues. Ese apoyo a las inversiones necesarias vendría por un lado ayudando a que los rivales del sector co-invertan en el despliegue de nuevas redes y por otro coordinando las subastas de espectro móvil de los distintos países.
Al final lo cierto es que la Comisión afirma que su plan creará millones de empleos y de producto interior bruto, pero las medidas anunciadas por su parte no parece que vayan a ser suficientes convencer a la iniciativa privada para que acometa todas las inversiones necesarias. Nos falta por conocer la reacción de los operadores, pero es de esperar que pidan algo más que promesas e intenciones.
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