El pasado marzo, José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo se reunía por primera vez con el grupo de expertos que propondría y tutelaría las medidas adecuadas para desarrollar la estrategia del Gobierno en telecomunicaciones y Sociedad de la Información, también conocida como Agenda Digital Española.
Pues bien, tras unos meses de duro trabajo ya tenemos como resultado un completo informe en el que se analiza la situación de la Banda Ancha española, la de las TIC, el mercado empresarial y doméstico nacional, el estado del arte de las operadoras y el de las empresas de contenidos.
La Agenda Digital para España queda estructurada en 6 objetivos:
El primero se centra en la problemática del despliegue de las infraestructuras de Banda Ancha ultrarrápida.
El segundo objetivo responde a la necesidad de recurrir intensamente a estas tecnologías para impulsar la economía general, prestando especial atención a su potencial influencia en el crecimiento, el emprendimiento y la transformación de las empresas e industrias.
El tercero trata de la transformación de la Administración para la mejora en la prestación eficiente de los servicios públicos.
El cuarto objetivo se centra en el desarrollo de mecanismos que permitan garantizar la privacidad, confianza y seguridad en el ámbito digital como uno de los factores clave para fomentar el desarrollo.
El quinto trata del impulso al sistema de I+D+i como elemento ligado al desarrollo de talento y de las oportunidades futuras en los nuevos sectores.
Para lograr estos objetivos se proponen medidas lógicas y sensatas como fomentar el despliegue competitivo de redes garantizando la calidad y pluralidad de ofertas comerciales, reducir las cargas fiscales que soportan los operadores de telecomunicaciones (tasas de financiación de CRTVE o tasas de espectro), simplificar la burocracia y la normativa a la hora de realizar despliegues de nuevas redes, considerar las canalizaciones de telecomunicaciones como infraestructuras esenciales en la planificación urbanística o introducir beneficios fiscales a las inversiones en redes de nueva generación.
¿Recomendaciones por el bien de España o del de algunas empresas?
Sin embargo, también se plantean otras medidas que están claramente condicionadas por la presencia en el grupo de expertos de representantes de Vodafone y Telefonica, así como de otras grandes empresas del sector que son parte interesada en el negocio de las TIC:
Por ejemplo, se plantea la necesidad de “Equilibrar la carga impositiva del sector TIC en lo concerniente a productos/servicios con ingresos generados pero no reportados en España, por ejemplo mediante un canon digital“ ¿alguien dijo Tasa Google? porque me lo recuerda bastante.
Los expertos también sugieren abrir un debate sobre “la gestión eficiente de las redes, con diferenciación de prestaciones para demandas de exigencias distintas”. Es decir, una Red de dos velocidades en la que se presten servicios best effort o no garantizados con “redes de calidad que permitan la diferenciación, la innovación en servicios y la competencia”.
Ésto que en principio parece lógico, aplicado al mundo real podría abrir la puerta a nuevas modalidades de acceso en la que ciertos servicios se vieran desplazados o filtrados a un segundo plano, sobre todo aquéllos menos interesantes para las operadoras (P2P, VoIP, descargas directas, etc.). Por poner un ejemplo, podrían ofrecernos conexiones básicas (que no por ello mucho más baratas) de X Mbps en las que no se garantiza poder usar P2P, VoIP, etc. y otras Premium en las que sí, pagando un sobre coste.
En el texto también se explica una rebuscada excusa para la falta de inversión de las operadoras: En muchos casos no invierten en nuevas redes porque creen que los principales beneficiados de su inversión serán los
proveedores de aplicaciones y contenidos y fabricantes de terminales y dispositivos y no los agentes que realizan la inversión.
Es decir, como nosotras, operadoras de telecomunicaciones, no hemos sabido rentabilizar las inversiones en infraestructuras mediante el lanzamiento de productos y servicios atractivos sobre ellas más allá del mero acceso a Internet, no queremos que el resto de los agentes de la cadena de valor puedan lograr y beneficiarse de lo que al final es nuestro principal negocio: vender conectividad.
Vamos, algo así como si los agricultores no invirtieran en mejorar la productividad de sus campos porque luego el mayor beneficio de su trabajo se lo llevarán los transformadores de su materia prima en productos derivados y los comerciantes de dichos productos.
La subvención a empresas privadas no es la solución para mejorar la competitividad
Por ello, el informe propone una medida a todas luces antisocial, injusta, inútil y que de realizarse podría suponer un claro retroceso para las zonas rurales y con menor acceso a infraestructuras TIC:
Limitar los despliegues de redes y la prestación de servicios por parte de las Administraciones Públicas. No crear operadores públicos.
En su lugar abogan por nuevas líneas de ayudas y subvenciones públicas, impulsadas con fondos públicos, con dinero de todos (o al menos de los que aún tengan la suerte de tener dinero suficiente como para pagar impuestos) para la extensión de los despliegues en zonas no rentables y/o competitivas.
Parece que no se han dado cuenta de que las políticas de subvención a empresas privadas (sobre todo estas que al final tienden a ser a fondo perdido) no sirven por lo general para lograr desarrollos sostenibles en el largo plazo y lo único que consiguen es más despilfarro y menos objetivos cumplidos.
¿No es más lógico y eficiente una red neutra también financiada con fondos públicos pero en donde la inversión se recupera e incluso da beneficios gracias al alquiler de las infraestructuras a las diferentes operadoras? De este modo cualquier municipio que actualmente se encuentre aislado de las nuevas redes de Banda Ancha puede decidir desplegar su propia red, que posteriormente será gestionada por la empresa que esté interesada, y no se ve limitada a que la operadora de turno decida invertir, con ayuda pública o no en su territorio.
En fin, que a pesar de que no dudo en absoluto de las buenas intenciones de estos “expertos”, algunas de las medidas que proponen no me parecen del todo correctas y encaminadas a fomentar la competitividad y la “salida de la crisis económica gracias a las TIC”, sino más bien a consolidar los beneficios y posición de poder de las grandes operadoras y ciertas empresas del sector, que curiosamente y por pura coincidencia que nada tiene que ver con la realidad, son las principales representantes del grupo de expertos.
Más información | Informe Grupo de Expertos para la Agenda Digital Española
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