Mucho lío ha habido históricamente en España a cuenta de las redes WiFi públicas: denuncias y multas por parte de operadores tradicionales y la CMT, lío regulatorio … y al final ¿para qué? Para tirar el dinero de los contribuyentes, como está pasando en Santiago de Compostela. Tras tres años para llevar a cabo el proyecto y 360.000 euros de subvención pública ahora el consistorio busca desprenderse de la red.
No hay que buscar muy hondo para encontrar la razón del fracaso de una red que desde el principio no ofrecía grandes ventajas. Con media hora gratuita sus precios van desde dos euros por una hora de uso, tres euros por un día o seis euros por tres días seguidos.
Pero el caso más sangrante es el de las conexiones mensuales: 25 euros mensuales por una conexión con 512 kbps de bajada y 256 kbps de subida con 10 Gb de tráfico incluido o con 1 Mbps de bajada y sin límite de descargas por 39 euros al mes. Precios a lo mejor no demasiado altos pero a los que hay que sumar 90 euros de alta, en ocasiones gratuita.
Entonces es cuando uno se pregunta si en un casco urbano, normalmente cableado al completo por los operadores tradicionales de Banda Ancha fija, es necesario implantar un servicio así, que debería estar más orientado a los turistas extranjeros que visitan el Obradoiro.
Buscando soluciones
Tras el dinero público invertido en este ruinoso proyecto ahora es cuando el ayuntamiento quiere desprenderse de un servicio que le costaba 16.000 euros al año en mantenimiento, el cual ya ha notificado que no pagará a la empresa que la gestiona porque el contrato acabó a finales del año pasado.
Ahora lo complicado será colocar la red a alguna empresa interesada en ella. La concejala Amelia González ya ha reconocido contactos durante meses con distintas compañías que han rechazado hacerse con ella y ahora se preparará un concurso público para intentar deshacerse de ella. Otro ejemplo de mala gestión política con un gasto innecesario para el bolsillo de todos.
Vía | La Voz de Galicia
Foto | Flickr de bernavazqueze
