Los operadores locales quieran parar la subasta del 5G: se sienten discriminados

Con la definición del 5G ya avanzada, es hora de ir asignando a los operadores el espectro necesario para que puedan desplegar la nueva red, algo previsto entre 2019 y 2020. Son múltiples los países que ya han repartido distintas bandas, incluso las bajas (las más codiciadas), mientras en España está previsto que en julio se realice la primera subasta. Subasta que los operadores locales quieren paralizar.

Quienes quieran presentarse a la subasta tienen hasta el próximo 29 de junio para solicitarlo, pero los operadores de menor tamaño se han quejado por las condiciones que hay de entrada. El hecho de pedir una facturación mínima de 90 millones de euros anuales o haber invertido al menos de 42 millones de euros en redes deja fuera a este tipo de compañías, que piden a la CNMC que intervenga para suspender cautelarmente la subasta.

Los operadores locales, agrupados en la asociación AOTEC, está compuesta por decenas de operadores cuyo ámbito no suele transcender de una provincia. Anteriormente ya pidieron que las licencias que se van a conceder fuesen provinciales (serán nacionales) y ahora la nueva petición es eliminar las barreras que impiden a este tipo de empresas el simple hecho de entrar en la subasta.

"La experiencia previa por parte de los operadores es escasa o nula"

Teniendo en cuenta el tamaño de los rivales a los que se enfrentarán (los cuatro grandes operadores del país) lo tendrían difícil para poder superar sus pujas, pero las normas publicadas por el anterior Ministerio de Agenda Digital, ahora integrado en Economía, impiden directamente que participen por su escasa facturación. Por ello denuncia la AOTEC que se están vulnerando los derechos recogidos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley General de Telecomunicaciones.

Argumentan los operadores locales que en la misma orden de convocatoria de la subasta se recoge que el 5G es "nuevo paradigma tecnológico de las comunicaciones móviles”, y que por ello creen que al ser tan nueva la tecnología ninguna compañía está preparada para ello, por lo que todos partirían de la misma posición. Además aseguran que con el conocimiento de sus posibles socios podrían afrontar el despliegue, superando el requisito de la solvencia profesional en despliegues exigida.

El argumento final que esgrime AOTEC es que si una empresa puja y se le otorga una licencia tendrá que pagarla, y con ello ya demostraría su solvencia económica. Con todo ello, los operadores piden a la CNMC que impugne el proceso ante la Audiencia Nacional, algo que parece poco probable a estas alturas tras haber recogido la orden varias de las peticiones que realizó la CNMC.

Imagen de portada | Coyotechnical
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