La UE aprueba una ayuda pública de 400 millones de euros para llevar la banda ancha ultrarrápida a zonas rurales españolas

La Comisión Europea ha aprobado una ayuda pública de 400 millones de euros con el fin de ayudar al despliegue de las redes de banda ancha de alta velocidad en España. Este presupuesto se ejecutará entre 2020 hasta 2022, con el objetivo de abordar, según explica la Comisión, el déficit de conectividad en España, mejorando así la cobertura de red.

El movimiento forma plante del objetivo de la EU por lograr que, con fecha máxima en 2025, todos los hogares europeos puedan estar conectados a redes de alta velocidad de al menos 100 Mbps actualizable a 1 Gbps.

Europa pone el foco en las zonas rurales

Margrethe Vestager ha aclarado que hay que tratar de minimizar la brecha entre las zonas rurales y urbanas de España, con el fin de que el internet de alta velocidad pueda distribuirse a lo largo del país, independientemente la ubicación de los hogares.

“Los consumidores y las empresas españolas deberían beneficiarse del pleno potencial del crecimiento digital, independientemente de dónde se encuentren. Esta medida abordará la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales en España. Con esta decisión, respaldamos nuevamente el uso de fondos públicos para servicios de Internet de alta velocidad a hogares y empresas en áreas donde la inversión privada es insuficiente”.

La partida del presupuesto es de 400 millones, se ejecutará entre 2020 y 2022, y apoyará el despliegue de redes que proporcionen velocidades de carga y descarga de 300 Mbps, actualizaciones a 1 Gbps. Dichas redes cubrirán aquellas áreas en las que actualmente no puede pasarse de 30 Mbps, amén de zonas en las que la alta velocidad ya está presente, pero en las que, a efectos prácticos, ninguna red en funcionamiento logra proporcionar más de 100 Mbps de descargar.

Dichas zonas han sido establecidas, según la Unión Europea, en colaboración con las autoridades españolas, estableciendo un mapa de las áreas objetivo. Del mismo modo, las redes financiadas con este programa ofrecerán acceso a todos los operadores, "de forma abierta, transparente y no discriminatoria", con el fin de incentivar la inversión privada respecto a la provisión de servicios de internet.

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