En un comunicado de prensa en Shenzhen, China, Huawei ha anunciado la interposición de una demanda ante el Tribunal Federal de Estados Unidos defendiendo la anticonstitucionalidad de la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por el congreso, y por la cual se prohibía la compra de servicios y equipos de Huawei a agencias del gobierno y contratistas.
Huawei defiende su inocencia una vez más y busca el levantamiento de un bloqueo que considera anticonstitucional y sin ninguna base, incitando al gobierno estadounidense a presentar pruebas que soporten las restricciones impuestas a la compañía. Además, según Huawei, este bloqueo afectará a los consumidores estadounidenses pues retrasará el despliegue del 5G, que deberá llevarse a cabo a un mayor coste.
Huawei contraataca en los tribunales
Apenas unos días de hacer lo propio con las autoridades canadienses y con motivo de otro frente abierto que tiene la compañía, Huawei vuelve a los tribunales para defender su inocencia, argumentando que "la prohibición no solo es ilegal, sino que impide a Huawei participar en una competencia justa".
En la demanda se resalta que el Congreso de los Estados Unidos ha sido incapaz de presentar ninguna evidencia capaz de soportar las restricciones a la venta de equipamiento y servicios de la compañía en vigor. Este mismo argumento era compartido en el pasado por Telefónica o el gobierno de Alemania.
El director jurídico de la compañía, Song Liuping, agregaba durante la rueda de prensa que la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aquella que prohíbe la compra de equipamiento y servicios de Huawei, "está basada en proposiciones falsas, no probadas y no comprobadas", recalcando una vez más que Huawei no pertenece o está controlada por el gobierno chino.
Según la demanda, esta prohibición no solo prohíbe que las agencias gubernamentales de Estados Unidos adquieran equipamientos y servicios de Huawei, sino que también evita que contraten, subvencionen u otorguen préstamos a contratistas que lo hagan, sin ningún proceso judicial. Esto, defiende la compañía, viola los principios legales de proscripción y confiscación y de debido proceso, así como la separación de poderes inscrita en la constitución estadounidense, pues el congreso está "haciendo la ley, intentando adjudicarla y ejecutarla".
Esta ley no solo perjudica a Huawei, sino que su implementación traerá consecuencias negativas para el mercado estadounidense. Según el juicio de la compañía, las restricciones retrasarán la implementación comercial del 5G en el país, especialmente en las zonas rurales, con una menor competencia que repercutirá en mayores precios por productos de calidad inferior.
Según las estimaciones de la industria presentadas por Huawei, el levantamiento de las restricciones impuestas a la compañía supondría una reducción en los costes de infraestructura de red de Estados Unidos de entre el 15% al 40%, o unos 20.000 millones de dólares, durante los próximos cuatro años.
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