La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, acaba de publicar el coste que Telefónica tuvo que asumir en 2016 para mantener el Servicio Universal de Telecomunicaciones. De acuerdo a la Comisión, el coste estimado fue de 12.270.297 euros, a lo que se le debe sumar el coste de la cabinas telefónicas, cuyo importe ascendió a 4.517.912 euros. En total, 16.788.209 euros.
El Servicio Universal de Telecomunicaciones contempla el suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas, las prestaciones de servicio telefónico disponible al público y las tarifas especiales para usuarios con discapacidad. En otras palabras, lo que le cuesta a la operadora encargada, Telefónica en 2016, mantener las cabinas operativas y algunos servicios especiales como las facturas en Braille, entre otros servicios.
El coste de mantener las cabinas va en aumento
Si desglosamos los costes netos del Servicio Universal, vemos que el monto más grande corresponde a las zonas no rentables, que ascendió en 2016 a 13,8 millones de euros. El coste neto por prestaciones a usuarios con discapacidad fue de tan solo 13.804 euros, mientras que el coste derivado de usuarios con tarifas especiales fue de 5,8 millones de euros. Si a eso le restamos los beneficios no monetarios y el coste de la auditoría, nos quedan 12,27 millones de euros.
Las cabinas telefónicas, cuyo costé se calculó en diciembre del año pasado, están condenadas a desaparecer más pronto que tarde. En 1999 había 50.000 y actualmente quedan unas 16.000, de las cuales solo se usan la mitad y 12.000 dejaron de generar beneficios hace años. A pesar de ello, Telefónica está obligada a mantener al menos una cabina por municipio de mil habitantes o más, y el coste de mantenerlas no ha dejado de crecer.
El importe del Servicio Universal de Telecomunicaciones ha ido a la baja, pasando de 21,03 millones en 2012 a 12,27 en 2016. Sin embargo, el coste de las cabinas ha ido creciendo a lo largo de los años, pasando de 0,40 millones en 2012 a 4,52 millones en 2016. Eso supone que el coste se ha duplicado con respecto a 2015, cuando era de 2,07 millones de euros.
En cuanto a las guías y servicio de consulta sobre números de abonados, el Gobierno parece haber optado por aprovechar los dos años de margen que todavía tienen para aplicar el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas para analizar cómo sacarlas del Servicio universal. La CNMC, por su parte, ha propuesto en alguna ocasión que se replantee la obligatoriedad de mantenerlas en el SUC.
Vía | CNMC
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