El Tribunal Supremo anula la multa de 120 millones impuesta por la CNMC a Movistar, Vodafone y Orange

Si no te suena esta multa, es normal, porque data de 2012. En el mes de diciembre del citado año, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, hoy integrada en la CNMC) impuso una sanción de nada menos que 120 millones de euros a Movistar, Vodafone y Orange por abuso de posición de dominio respecto al precio de los SMS.

Casi cinco años después, en septiembre de 2017, la Audiencia Nacional decidió anularla porque hubo fallos en la investigación. La Administración interpuso el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo, que, más de un año después, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción.

Una sanción histórica con varios años de historia

Nos remontamos a enero de 2011, momento en que la CNC abrió un expediente sancionador a los tres operadores por tener sospechas de que podían estar fijando un precio muy elevado al servicio de SMS durante el periodo estudiado, de 2000 a 2009. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces el servicio mayorista de envío de mensajes cortos (que pasó de 25 pesetas a 15 céntimos de euro) no estaba regulado como lo estaba el del precio de las llamadas de voz.

Tras casi dos años de investigación, la CNC interpuso una multa histórica de 120 millones de euros para los principales operadores de telefonía españoles por haber abusado de su posición hinchando los precios, aunque la cuantía no era igual para todos: Movistar tendría que pagar 46,49 millones de euros, Vodafone otros 43,25 millones y Orange (France Telecom) 29,95 millones de euros.

Casi cinco años después, la Audiencia Nacional anuló la sanción basándose en que no estaba justificada la posición de dominio de los tres operadores. Además, cuestionó la existencia de un mercado mayorista de SMS diferente al de la voz y aseguró que la CNC había respondido a las alegaciones de los tres multados de una manera "vaga e insuficiente".

La Abogacía del Estado interpuso los recursos oportunos contra los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y ahora el Tribunal Supremo los ha desetimado en tres sentencias. Según informa El Economista, el alto tribunal ha llegado a la conclusión de que "los datos e informes en los que se funda la resolución administrativa son insuficientes", y que esta "se funda en apreciaciones no constatadas en datos objetivos".

También afirma que aprecia "incoherencias y un déficit de motivación para delimitar los mercados y la posición de dominio individual de las empresas sancionadas que le lleva a anular la resolución sancionadora impugnada". Según el Supremo, además, la Audiencia no incurrió en infracción jurídica alguna.

Vía | El Economista