Así es el nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que regula las portabilidades y acaba con las cabinas de teléfono

Novedades en materia de telecomunicaciones a nivel nacional con la aprobación del nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones por parte del Gobierno de España, ya propuesto previamente. En este nuevo proyecto, el Gobierno transpone la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2019. En aquella directiva europea se establecía el nuevo Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Con la llegada de este nuevo Proyecto de ley, el gobierno introduce medidas para incentivar la inversión en redes y, sobre todo, mejorar la comunicación entre administraciones. El nuevo Proyecto de Ley establece la creación de un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.

Trámites más sencillos para el despliegue de infraestructuras

En el nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones el Gobierno trata de incentivar las inversiones en el sector, sobre todo de cara a cumplir con su propio proyecto 2025 que debe llevar alta velocidad al 100% de la población. No obstante, el propio texto comienza remarcando que España cuenta con una de las redes más extensas de Europa, pero aún así se quiere seguir adelante y refozar todo lo que ya se posee.

En el Proyecto de Ley se introducen medidas como la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en interiores de edificios (ICT), o como la coordinación de obras civiles para el despliegue de redes de muy alta capacidad. Se incorpora a la Ley el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso o la posibilidad de desplegar estaciones de baja potencia, y para ello se liberan muchas de las actuales cargas administrativas para así agilizar todos los procedimientos.

Con el Proyecto de Ley también llega la conocida como "Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea". Esta caja de herramientas se encargará de potenciar la coordinación entre administraciones que hasta ahora trabajaban en paralelo. Así, se creará un punto único para la información y tramitación de permisos de cara a futuros despliegues de redes. Otra novedad del Proyecto de Ley es que establece un régimen de comunicación para la instalación y explotación de cables submarinos, algo que aterriza en España por primera vez.

Refuerzo de derechos para los usuarios y adiós a las cabinas

España se acerca mucho más a Europa en materia de derechos para los usuarios con la llegada de este Proyecto de Ley. Se establece un máximo de 24 meses para las permanencias, se regulan los contratos de paquetes de servicios y también se agilizarán trámites como las prórrogas de contratos o como los cambios de operador sin que haya penalizaciones.

En el Proyecto de Ley se incorporan derechos como la liberación de la SIM para que los usuarios puedan mudarse al operador de su elección, o permitir que se conserve el saldo de prepago en dichas mudanzas. También se podrá mantener el número de teléfono un mes después de haber resuelto un contrato con un operador, y se tendrá derecho al reenvío gratuito de emails posteriores a la migración, o el acceso a los mismos una vez el contrato haya expirado. Esto último en el caso de que el operador en cuestión nos ofrezca una bandeja de correo electrónico, claro.

Los usuarios con diversidad sensorial también reciben nuevos derechos con este Proyecto de Ley, y se actualiza el servicio universal para que los usuarios puedan tener un acceso asequible a comunicaciones electrónicas. Acceso a servicios como el email y la formación online que ahora se consideran básicos. Y claro está, se establece el fin de las cabinas telefónicas y las guías de teléfonos. El bono social se podrá solicitar a cualquier operador, por cierto.

Todo esto es lo que llega con el nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones aprobado ya por el Gobierno de España. El proyecto forma parte de las reformas ya establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el que se habían aprobado inversiones futuras de hasta 4.000 millones de euros de fondos públicos.