La persecución de las descargas de contenidos sin licencia nunca ha cesado, aunque tampoco lo ha hecho el debate sobre en qué punto del proceso poner el foco pues desde hace mucho se centra en los propios usuarios y sus métodos, como en el caso de las descargas P2P. Lo último que llega sobre el caso es que el 'caso Euskaltel' se ha extendido a otros rincones de España.
La operadora vasca fue instada por un juzgado de Bilbao a facilitar información sobre sus clientes a una productora, y dicha información se empleó para enviar cartas a sus clientes solicitando una compensanción económica a cambio de no ir a juicio por realizar descargas de películas a través de programas P2P, previa identificación de su dirección IP. Ahora ese caso atañe a más provincias y se ha convertido en un caso nacional.
100 euros por descarga, 300 euros por reclamación
En estas cartas, que se han recibido en Madrid, Valladolid, Sevilla o Barcelona, entre otras ciudades, se pide a los usuarios 100 euros por cada "título ilícitamente compartido", además de otros 300 euros como cantidad ija en concepto de "gastos de investigación y reclamación". En algunos casos, los importes solicitados son de hasta 1.300 euros en total.
Como cuenta el abogado David Bravo a nuestros compañeros de Xataka, "en las cartas que a mí me han llegado, siempre es por la serie Ash vs. Evil Dead, pero no sé si será por casualidad". Cargas en las que se insta a los usuarios a pagar en el plazo de un mes para no ser demandados por la productora. Una amenaza que puede cumplirse al abrirse previamente al envío las diligencias correspondientes, destaca David Maetzu.
Así pues, cualquier usuario de nuestro país es hoy en día susceptible de recibir una de estas cartas solicitando un importe económico para no tener que acudir a juicio, una carta en la que se indica que "tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida", pasando posteriormente a indicar que si bien se puede no ser el culpable directo de la descarga ilegal, siempre se puede incurrir en el delito de ser cooperador. Así pues, ¿qué se puede hacer en el caso de recibir esta carta?
Los expertos recomiendan no pagar
En el caso de recibir una de estas cartas, que ya se recibieron cuando dio comienzo el conocido como 'caso Euskaltel', los abogados recomiendan no pagar. Abogados como David Maetzu destacan, además, que la productora responsable del envío de la carta que recibimos no suele poner finalmente la denuncia. "Esta gente no pone denuncias, no acaba demandando", declara basándose en su experiencia en este caso.
Cuenta Maetzu que "a nivel jurídico hay un montón de cosas que están haciendo mal [...] no creo que haya un incentivo en demandar en todas partes. Pero bueno, tampoco sé cuál es su intención". Prosigue Maetzu afirmando que "en el caso de las productoras del País Vasco, algunas de las productoras demandantes ya han cerrado".
David Bravo, por su parte, recomienda también agruparse, como ya sucedió en el 'caso Euskaltel'. "Ponerse en contacto con otros afectados y buscar asesoría jurídica conjunta". Una vez hecho esto se podrá iniciar otro tipo de proceso ya será el juzgado de cada ciudad el que deba dirimir cada caso y decidir la resolución, optando por la exculpación o por ratificar la multa. Como el caso de Bilbao en el que se condenó a un usuario a pagar 150 euros.
Mientras tanto, Maetzu no descarta que pueda darse el caso de que alguna productora extranjera pueda encargar un caso similar a algún despacho de abogados de España para que se emitan de nuevo solicitudes masivas. Sólo restará esperar, pues tampoco se descarta que haya juzgados valorando peticiones de otros proveedores, como los grandes operadores del país.
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