En más de una ocasión hemos visto como ciertos países, normalmente con regímenes no democráticos o con dudas de respetar las libertades, han puesto coto al uso de Internet que hacemos los particulares. Así ha ocurrido en distintas ocasiones en China, Arabia Saudi o el caso más extremo de Corea del Norte, donde directamente no pueden acceder a Internet.
Y a principios de años fue Marruecos el país en el que las llamadas vía distintas aplicaciones, véase llamadas por vozIP, se restringieron. Primero los operadores cortaron el grifo en las redes móviles, mientras que en febrero se acabó de cerrar con el corte vía redes fijas. Pero ¿qué hay detrás de esa decisión? La razón, al menos en su versión oficial, no es la usada en otros países.
El 8 de enero la ANRT, el regulador de las telecomunicaciones en Marruecos, emitió un comunicado en el que explicaban porque los operadores estaban impidiendo el uso de llamadas de vozIP. La razón que esgrime la autoridad es que toda aplicación que quiera ofrecer ese tipo de servicios tiene que obtener una licencia, licencia que parecen no haber solicitado ninguna de las más conocidas apps.
La eterna guerra contra los OTTs
Son muchas veces las que hemos escuchado a los representantes de los operadores pedir las mismas de reglas de juego para los servicios mediante aplicaciones, y por lo que parece los operadores marroquís pueden estar contentos, porque quizás las exigencias no llegan hasta el nivel de los operadores, pero los OTTs tienen unas normas a cumplir que no tienen en otros países.
Marruecos estableció allá por 2004 (sí, hace 12 años) normas que regularían los servicios de vozIP, con obligaciones de tipo técnico y económico, que se supone que buscarían asegurar una competencia leal con los operadores, además de la continuidad y calidad del servicio. Ahora, también debería pensar el regulador que los tiempos han cambiado bastante y que la regulación puede seguir siendo necesaria pero quizás deberían ponerla al día.
Obviamente cada país está en su derecho de regular los servicios que se prestan a los usuarios, aunque al final quien paga el pato son los propios usuarios. En un país con tantas personas viviendo fuera de sus fronteras, dejarles sin esta vía de comunicación con la familia que tienen lejos supone un grave prejuicio para los usuarios. Y ya de paso seguro que también es un buen negocio para los operadores.
Vía | El País
Foto | Carlos ZGZ
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