Estos son los seis argumentos con los que el PP defendía que Telefónica no compartiera la fibra

A este paso, tendremos que crear un 'Sálvame' de las Telecomunicaciones si queremos estar al día de todo el culebrón que rodea al asunto de compartir fibra. Recapitulando: tras meses de incertidumbre, la CNMC proponía el pasado mes de diciembre que Telefónica diese acceso a sus rivales a su fibra óptica excepto en nueve ciudades, algo que obviamente no gustó nada a Telefónica que, a su vez, anunció sus intenciones de ralentizar su despliegue si al final la propuesta salía adelante y le obligaban a compartirla.

Unos días después, el PP se metía en toda esta polémica presentando una moción en el Senado en la que instaba a la CNMC a no seguir adelante con esta proposición y a no obligar a Telefónica a compartir la fibra. Ahora el PP da marcha atrás, aunque no es una retirada definitiva: quieren buscar un consenso con otros partidos. ¿Qué argumentos mencionaban en dicha moción?

La moción del Grupo Parlamentario Popular

Entre otras cosas, el Grupo Parlamentario Popular se ha mostrado en contra de la propuesta de la CNMC de obligar a Telefónica a compartir la fibra por las siguientes razones que citamos textualmente (con alguna que otra corrección gramatical, ya que la redacción es confusa en algunos puntos) de la moción presentada por dicho Grupo ante el Senado:

"El anuncio de la CNMC de obligar a Telefónica a ceder a la competencia a precio regulado el servicio de fibra óptica que está desplegando por todo el territorio nacional, puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante el ejercicio 2015 alrededor de 800 millones de euros".
"Además, se producirían otras consecuencias indeseadas, como es el frenazo que supondría a la extensión de la red de fibra óptica en todo el territorio nacional, produciéndose una España a dos velocidades, una que contaría con fibra y otra asociada a la red de cobre, lo que va en contra de la filosofía y de la letra de la ley [General de Telecomunicaciones]".
"La espiral de consecuencias indeseadas podría afectar, no solo a los 30.000 empleos que en la actualidad trabajan en Telefónica, sino también a los 10.000 puestos de trabajo indirecto que el despliegue de fibra óptica estaba generando a través de las empresas suministradoras y subcontratistas de obra civil".
"No parece acorde con los intereses generales del país que, en un momento de cambio de ciclo económico y de creación de empleo, éste se vea privado de una inversión tan importante tanto directa (800 millones que se deslocalizarían hacia otros mercados extranjeros), como indirectamente (daríamos ventajas competitivas a otras economías frente a la nuestra) por una postura que carece de perspectiva económica y que se aleja de otros objetivos que persigue la Ley General de Telecomunicaciones recogidos en su artículo 3.1, además del fomento de la competencia en el mercado.
"Una desproporcionada intervención regulatoria de la CNMC podría tener efectos colaterales en otros grupos privados que están invirtiendo fuertemente en las redes del futuro, como Jazztel, Orange y Vodafone, dejen de hacerlo ante la falta de incentivos para invertir recursos propios para aumentar sus propias redes, si la red de Telefónica les es accesible a precios regulados".
Por último, piden que se tome en consideración lo especificado en la Ley General de Telecomunicaciones: "Valorar adecuadamente y sopesar el conjunto de objetivos que persigue la Ley 9/2014, de 9 de mayo, y que van más allá del fomento de la competencia en los mercados. En particular los nuevos objetivos enumerados en las siguientes letras del apartado 1 del artículo 3 de la Ley e inexistentes en la anterior Ley General de Telecomunicaciones:

b) Desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes ultrarrápidas permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora y extensión de las redes, así como la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los recursos asociados a ellas.

c) Promover el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su acceso, en condiciones de igualdad y no discriminación.

f) Promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras incluyendo, cuando proceda, la competencia basada en infraestructuras, fomentando la innovación y teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras.

La mayoría de argumentos coinciden con los que Telefónica esgrimió en su día, advirtiendo que "no parece que apunte a promover un escenario inversor" y que "se pueden alterar los planes de despliegue de los operadores". Alierta, en un evento en el que también se encontraba el ministro de Industria, recalcaba el pasado enero que "gran avance en infraestructuras de banda ancha y fibra" se debía a las inversiones de Telefónica y que había producido una "muy positiva repercusión en creación de empleo", aunque no hizo declaraciones específicas sobre la propuesta de la CNMC. De hecho, la operadora ya podría tener en mente pasar del dicho al hecho con una ralentización de su despliegue de fibra.

¿En qué acabará todo esto?

Por ahora, como decimos, la CNMC está en fase de consulta pública sobre su proposición, por lo que esto no significa que ésta sea definitiva ni mucho menos y el Ministerio de Industria, por ejemplo, todavía no ha hecho saber su posición. ¿Influirán las presiones del PP de alguna forma? En teoría no debería, ya que como bien señala el presidente de la CNMC, José María Marín, que la CNMC está obligada a "no aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada".