Facturas de teléfono de 1000 euros: así actuaba el 'call center' fraudulento desmantelado por la Policía en Madrid

Más allá de todas esas estafas que nos llegan a través de los servicios de mensajería (como aquella que afirmaba que habías sido dado de alta en una página para adultos o la que prometía un cupón de Zara), también existen timadores que lo intentan directamente por vía telefónica, es decir, con una llamada. Dentro de ellas, podemos encontrar desde gente que se hace pasar por teleoperadores de una compañía móvil, como hemos visto en ejemplos de Yoigo o MásMóvil, hasta llamadas desde números internacionales o desde prefijos provinciales confusos.

Hoy mismo, la Policía Nacional ha informado de la desarticulación de una organización criminal que, presuntamente, estafó a miles de personas por dos vías: primero inflaban la factura de teléfono a base de llamadas de tarificación especial, y luego, trataban de hacer un cobro fraudulento en base a un registro de morosos. Incluso disponían de páginas web sobre falsas empresas y un 'call center' con más de 50 puestos de operador destinados a ese fin.

Una organización muy sofisticada

La actividad de esta organización criminal, según informa la Policía Nacional, se detectó a mediados del año 2016, momento en el que se inició la investigación que ha concluido con la detención de siete personas. Para llevar a cabo el fraude, disponían de páginas web que falsificaban la apariencia de empresas reales del sector y un centro para llamadas con 50 puestos para teleoperadores.

La mayor parte de las víctimas no era consciente de la estafa porque el diseño y el funcionamiento del proceso "era tan impecable que aparentaba ser legal, por lo que apenas se han registrado denuncias", han dicho los agentes.

El primer paso de la estafa era atraer a la víctima en nombre de una supuesta compañía que gestiona los ficheros de morosos. Hay que aclarar que este tipo de empresas, cuando son legales, disponen de un servicio gratuito para que los usuarios conozcan qué datos sobre ellos tiene la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación de los mismos.

Las empresas fraudulentas ofrecían esta misma información en su web de forma gratuita e incluso hacían campañas de adwords (palabras clave) para posicionar sus páginas en los primeros lugares de los buscadores. Así, cuando un usuario buscaba en Internet información relativa a los ficheros de morosidad, en vez de aparecer en primer lugar las páginas legales, aparecían los de la compañía denunciada.

Tarificación adicional + cobro fraudulento

Cuando los usuarios consultaban los datos en esas páginas, se les instaba a llamar a un número que supuestamente era gratuito, y se les aseguraba que la duración media de la llamada sería de cinco minutos. Pero nada más lejos de la realidad. El proceso incluía diferentes llamadas de tarificación adicional, durante las cuales, los operadores mantenían a las víctimas al teléfono el máximo tiempo posible, mediante silencios prolongados y la supuesta realización de gestiones para aumentar la tarificación.

"Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para las llamadas a los números de tarificación adicional", ha explicado la Policía. De esta manera, cada víctima sufría un timo medio de unos 1.000 euros en su factura telefónica.

La segunda fase de la estafa es que, una vez detectaban algún usuario que de verdad tuviera pendiente alguna deuda, intentaban convencerle de que ingresara el dinero para saldarla. Pero claro, ese dinero se lo quedaban los detenidos y las personas estafadas, además de perderlo, seguían incluidas en esos ficheros de morosidad.

Tras casi tres años de investigación, los agentes ha encontrado el centro de llamadas fraudulentas en una localidad de Madrid, donde se han incautado más de 220.000 euros en efectivo, múltiples objetos de valor y numerosos dispositivos electrónicos procedentes del call center desde donde atendían las llamadas.

Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias para recibir los ingresos de la estafa, la Policía reconoce que, de momento, "no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado". Pero explican que, teniendo en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una ronda los 1.000 euros, el beneficio ilícito obtenido por los detenidos supera los cuatro millones de euros".

Vía | El País