No habrá más despedidos colectivos al menos hasta 2026
Vodafone España va a sufrir su quinto ERE en 11 años, el primero bajo el mando de Zegona, que adquirió la compañía oficialmente el pasado mes de mayo. Tras semanas de negociaciones con los sindicatos, ya hay acuerdo y finalmente la reestructuración afectará a 898 personas, un 27,5% del equipo laboral.
Con respecto a las intenciones iniciales manifestadas por Zegona, se mejoran las indemnizaciones, se asigna una prima, un sistema de prejubilaciones y no se aplicará otro despido colectivo hasta 2026.
Zegona garantiza algo más de un año sin nuevos ERE
Uno de los acuerdos establecidos ha sido la mejora de las indemnizaciones hasta la que la legislación estima para un despido improcedente: entre 33 y 45 días por año trabajado (hasta 24 mensualidades). Además de una prima de 3.500 euros para los afectados con un salario inferior (fijo más variable) a los 40.000 euros anuales.
A todo ello se añade un sistema de prejubilaciones para los trabajadores nacidos en 1967 o años posteriores con 10 años de antigüedad. A estos se les ofrece el 80% del salario regulador (100% del salario fijo bruto y 50% del variable), y el abono de las cotizaciones sociales. Estos pagos se abonarán hasta los 63 años para las personas de 57 y 58 años; hasta los 64 años para los que tengan 59 y 60 años, y hasta los 65 para los empleados de 61 años y mayores. La empresa seguirá pagando también el seguro de salud durante tres meses a todos los que se acojan al ERE.
Además Vodafone se compromete a no efectuar ningún otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025. Adicionalmente, y para proteger a las personas de mayor edad, no se podrá despedir individualmente a ningún empleado que tenga 55 años o más a finales de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Otras garantías implican la no afectación a los dos miembros de una pareja, empleados con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con permiso por maternidad y paternidad, víctimas de violencia de género, y personas con menores afectados por enfermedades graves.
Como suele ser habitual en estos procesos, la empresa "ha dejado claro que la no aceptación de la oferta implica la ejecución del ERE en las condiciones mínimas que marca la ley para estos procesos de despidos colectivos", según informa UGT
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