En el encuentro internacional que organiza la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona junto a reguladores de otros países, operadoras y empresas de internet, la Comisión Europea ha planteado como meta que el acceso a internet a 30 megas sea universal en 2020 y que el 50% de los hogares tengan velocidades superiores a 100 megas.
Para ello apuesta porque los operadores compartan las inversiones (en diferente intensidad) para garantizar que las nuevas redes de banda superancha de fibra óptica lleguen a una mayor población y así luchar también contra la brecha digital en las zonas menos densamente pobladas donde la inversión pública podrá compensar la falta de iniciativa privada al tratarse de zonas no rentables.
Propuesta bien acogida por operadores como Jazztel y Orange que llevan años apoyándola como solución al problema de escala que tienen las operadoras alternativas. Incluso Telefónica afirma que, con unas reglas del juego claras, la coinversión es vital en los las redes que reparten los servicios en los edificios.
Vodafone fue la más directa e hizo un llamamiento al resto de los operadores para crear una red común de los rivales de Telefónica con total independencia para la captación de clientes como han mantenido hasta ahora.
Por la neutralidad de la red
Una de cal y otra de arena para los operadores. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha sido tajante afirmando que Bruselas extremará la vigilancia para que las operadoras no lleguen a acuerdos que condicionen la neutralidad de la red y aclara que consideran que un operador no respeta la neutralidad cuando bloquea, ralentiza u ofrece un tratamiento preferencial a ciertos contenidos.
La Comisión Europea intervendrá para sancionar prácticas restrictivas que creen barreras de entrada a los nuevos mercados de servicios digitales, pero no solo será vigilado por los servicios de telecomunicaciones que dependen de Neelie Kroes y cuya regulación tiene un alcance menos expeditivo, sino desde los de competencia, con todo el poder y capacidad ejecutiva que eso supone.
¿Deben ser las operadoras las únicas que costeen unas infraestructuras de las que se benefician otros participantes? En caso negativo, ¿cómo hacerlo para no perjudicar la neutralidad de la red? y en caso afirmativo ¿trasladarán al usuario el mayor coste para aumentar las inversiones necesarias?
Vía | CincoDías.
