Primer día del año y entre la resaca de una noche memorable y las comidas copiosas hoy conocemos que el Tribunal Supremo ha rechazado eliminar el cánon impuesto a los operadores de banda ancha para financiar la televisión pública española.
Los operadores habían alegado que este impuesto “no se ajusta a los principios constitucionales de la Directiva Europea de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas” y, por ello, había solicitado su eliminación (recordemos que la actual televisión pública española no recibe ingreso alguno por publicidad, y ésto ha provocado que el ente público tenga un déficit de 66 millones de euros).
El Tribunal Supremo ha resuelto de manera clara y concisa (e incluso sorprendente), que si los operadores tienen objeciones acudan a la CMT, que tiene plenos poderes para resolver estos asuntos, con estas palabras:
La suspensión de las normas impugnadas determinaría que la aportación por parte de los operadores de telecomunicaciones no se produciría durante un periodo dilatado de meses y años debiendo incrementarse en los Presupuestos Generales los correspondientes partidas para suplir aquella carencia, con el consiguiente detrimento y perjuicio para los intereses generales que demandan en el momento presente una especial contención del gasto público.
Así, las grandes compañías del sector en nuestro país se verán obligadas a financiar rtve con un porcentaje de sus ingresos, algo que de momento no pretenden trasladar al usuario final, aunque ya veremos si al final no acabamos, como siempre, pagando todos el “pato”.
Vía | Neeo.es
