Llevamos una racha de más de un año en el que las telecomunicaciones no están precisamente contribuyendo a que la vida sea más barata, si no todo lo contrario. Con la excusa de ofrecer más servicios (que muchas veces se traduce en aumento de bonos de datos) tanto Movistar como Vodafone u Orange, y también las cableras, han subido las cuotas a pagar por sus clientes.
Los operadores no lo tienen muy complicado cuando quieren subir tarifas, salvo Movistar, que tiene que remitir a la CNMC cualquier cambio para recibir su visto bueno, aunque las subidas no afectan precisamente a la competencia. Son pocas las condiciones que tienen que cumplir los operadores, pero ¿qué podemos hacer frente a estos cambios unilaterales de nuestros contratos los usuarios?
A veces somos los propios medios y otras las compañías las que ponen en alerta a los usuarios. Con un plazo mínimo de un mes tu operador te tiene que avisar de que ha decidido que pagues más, porque seguramente te vendrán bien esos megas de más que te obligan a tener, te hagan falta o no. Y sin poder mantener tus condiciones actuales, claro.
¿Qué obligaciones tiene el operador?
Los operadores solo tienen dos condiciones a cumplir si quieren subir sus tarifas: avisar a los clientes afectados con al menos un mes de antelación y eliminar la permanencia en tarifa que pueda tener el usuario. El aviso normalmente llega en la factura, esa que muchos ni miran, o por SMS, por lo que muchos despistados no se darán cuenta de la subida hasta que efectivamente se produzca.
Por el lado de la permanencia hay una pregunta eterna, ¿y si tengo permanencia por un móvil subvencionado o que se está pagando a plazos? Esa permanencia no se elimina, solo se elimina la asociada directamente a la contratación de una tarifa, hoy en día solo habituales en tarifas convergentes. En caso de haber adquirido un terminal los pagos pendientes y la penalización por baja anticipada se tendrían que pagar si se quiere cambiar de compañía.
¿Qué podemos hacer los usuarios?
Lo primero de todo, podemos protestar ante el propio operador por cambiar unilateralmente nuestro contrato. Normalmente puede que sirva de poco, que no nos dejen mantener las condiciones de las que disfrutábamos hasta ahora, pero en algunos casos (sobre todo con grandes operadores) lo que podemos lograr es uno de esos descuentos que suelen ofrecer a quien amenaza con cambiar de compañía.
Si esa vía no funciona tenemos dos opciones: o hacer las maletas o iniciar acciones legales contra el operador. Sobre cambiar de operador, como ya hemos mencionado si no adquirimos ningún terminal al firmar el contrato no tendremos mayor problema, podremos cambiarnos dentro del mes de preaviso sin ningún problema. Si tenemos ese terminal tendremos que pagar los pagos pendientes (si se paga a plazos) y una penalización que tiene que estar reflejada en el contrato, que disminuye proporcionalmente por cada día que pasa. Otra opción es devolver el terminal al operador, aunque no suelen aceptar fácilmente.
Las vías legales por las que podemos optar para denunciar el cambio unilateral de las condiciones son dos: las juntas de arbitraje de consumo o directamente los tribunales. La vía más sencilla y rápida es la primera. Las decisiones tomadas por esa junta son de obligado cumplimiento y cierran la puerta a acudir a los tribunales. Por la vía de los tribunales se puede optar por un procedimiento verbal, en el que no harían falta abogados.
FACUA, una de las asociaciones de consumidores más activas a la hora de denunciar a los distintos operadores por sus subidas, recomienda a los usuarios reclamar que se obligue al operador a mantener las condiciones que el usuario había firmado y en caso negativo que sea el operador el que tenga que pagar la penalización al usuario por incumplimiento del contrato.
Pero ¿cuál es la realidad? Que los operadores una vez cumplidas sus obligaciones se limpian las manos, con haber avisado con tiempo y eliminar la permanencia en tarifa se dan por satisfechos. Hay procedimientos judiciales abiertos, aunque recientemente también se dictó una sentencia que obliga a Movistar a devolver a un usuario los cinco euros de subida de Fusión. No sienta jurisprudencia pero abre la puerta a que otros usuarios usen esta vía para reclamar con éxito.
Al final lo cierto es que aunque se esté empezando a abrir una vía victoriosa para los usuarios contra las subidas unilaterales, las normas actuales son más favorables a los operadores. Sus obligaciones a este respecto son muy ligeras, cuando todo se podría arreglar con una simple acción: dejar elegir al cliente entre mantener sus condiciones o aceptar los cambios. Pero mientras no haya cambios es lo que hay.
Imagen de portada | Flickr
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