Los grupos de WhatsApp son todo un peligro, y no solo hablamos de los grupos de padres. En muchas ocasiones nos vemos metidos en grupos para un propósito temporal concreto (oye gente de WhatsApp, podíais dar la opción de crear grupos con fecha de caducidad para no tener que acordarnos de salir) y en otras ocasiones somos añadidos a grupos que casi ni esperábamos y que recurrentemente se llenan de memes. Pero, ¿qué pasa cuando nos meten a un grupo de WhatsApp sin avisarnos?
En una resolución condenatoria, pero sin sanción económica, de la Agencia Española de la Protección de Datos ha acabado el caso ocurrido en Boecillo (Valladolid) por la creación, se supone que por error, de un grupo en el que un concejal metió a 255 personas para informarles de lo que ocurre en el municipio. El punto que ha motivado la condena es que hay que recabar el permiso explícito de cada usuarios, porque cualquier integrante del grupo puede ver el número de teléfono de los demás, dato de carácter personal protegido por ley.
Toda la historia que genera esta noticia se remonta al 26 de octubre de 2016. Fue entonces cuando un concejal de Boecilla, un municipio de apenas 4.000 habitantes al sur de Valladolid, crea un grupo de WhatsApp con 255 integrantes (imaginamos que no había más por el límite de integrantes de un grupo en la app). Según declaró el ayuntamiento a la AGPD la intención del creador del grupo no era tal, si no la de crear una lista de difusión para compartir novedades del pueblo.
El error de la persona que creó el grupo fue intentar solventar la papeleta, varios usuarios ya estaban preguntando la razón de ser del grupo, saliéndose del mismo pensando que con ello se cerraría el grupo. La salida del creador del grupo lo único que provoca es que el administrador del grupo pasé a ser otro usuario, así que al darse cuenta del error el concejal contactó con el nuevo administrador para que le trasmitiese el mando a otro concejal que estaba en el grupo para que éste pudiese sacar del grupo a todos los usuarios y cerrarlo de verdad.
El número de teléfono es un dato de carácter personal protegido por la LOPD
Uno de las personas que fue agregada al grupo no se lo tomó a bien, con toda la razón del mundo sea dicho de paso, por lo que decidió tomar cartas en el asunto acudiendo a la AGPD. Aportó todo tipo de pruebas para acreditar lo ocurrido, desde impresiones del chat con preguntas de los sorprendidos usuarios o de como se veía quién lo había creado y como era posible ver el número de todos los integrantes, a declaraciones del Director de la Agencia sobre el uso de redes sociales en una edición del ABC.
Fue entonces cuando la Agencia inició las investigaciones, pidiendo al ayuntamiento su versión de los hechos, que se basó en que la creación del grupo fue por error, aunque aseguraban tener el permiso verbal de la mayoría de los usuarios para comunicarse con ellos vía WhatsApp. En el caso del denunciante, su número quedó grabado en la agenda del concejal al llamar para verter quejas al ayuntamiento, pero no había dado su permiso para ser contactado por WhatsApp.
El error es similar al de mandar un mail sin copia oculta y puede acabar en una multa de miles de euros
El ayuntamiento de Boecillo solo fue capaz de remitir 37 escritos de que había sido autorizado a usar los números de teléfono para comunicaciones electrónicas por parte de vecinos, por lo que los números de otros 218 vecinos fueron expuestos en el grupo sin su autorización, incurriendo por parte en una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de datos. Gracias a la celeridad del cierre del grupo la Agencia ha decidido no imponer ninguna sanción al ayuntamiento.
No se aplica en el ámbito personal
A pesar de la multa a lo que se expuso el Ayuntamiento de Boecillo y la repercusión de esta noticia, los usuarios de a pie podemos estar tranquilos, ya que no habrá infracción por agregar a cualquier contacto a un grupo de WhatsApp siempre que sea de ámbito personal. Son las administraciones públicas y empresas o profesionales los que están expuestos al riesgo de cometer tal infracción, porque estarían haciendo un mal de uso de los datos que los ciudadanos o clientes les han facilitado.
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