El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un decreto ley que impone cambios sustanciales en la regulación del sector de las telecomunicaciones en España y que podría afectar al despliegue e implantación de redes de nueva generación en nuestro país.
La nueva normativa protege las inversiones en estas redes, haciendo que los operadores que quieran disponer de fibra tengan todas las facilidades para desplegarla, pero protegiendo al mismo tiempo a quien realice las inversiones.
Es decir, podríamos estar asistiendo al comienzo del fin del modelo de alquiler a precios mayoristas regulados que han utilizado hasta ahora los operadores alternativos para ofrecer servicios de ADSL.
Redes compartidas, esenciales para la socialización de las TIC
Telefónica ha criticado tradicionalmente este modelo, que por el momento seguirá funcionando para las redes de cobre y ADSL, por considerar que “fomenta el parasitismo y penaliza a las empresas inversoras como ella”.
Se trata de un modelo que tuvo sentido al inicio de la era de Internet, permitiendo un acceso prácticamente inmediato a millones de ciudadanos a través de las líneas telefónicas ya desplegadas por la operadora dominante, que no debemos olvidar hasta hace pocos años fue una empresa pública costeada por todos los españoles.
Sin embargo, con la apertura del mercado de las telecos a la “libre competencia regulada”, Telefónica no parece estar dispuesta a realizar enormes desembolsos en nuevas redes de fibra óptica si la ley no protege su inversión frente al intento de sus competidores de acceder a sus infraestructuras mediante precios regulados.
Protegiendo las inversiones en redes de nueva generación
Con la nueva normativa la CMT deberá “tener en cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento”. Además, a la hora de dar acceso a los alternativos a las redes de las grandes operadoras como Telefónica, la reguladora deberá considerar los siguientes puntos:
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La viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí
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La posibilidad de proporcionar el acceso propuesto
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La inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones
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La necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras
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Los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual.
También se recoge que en casos extremos en donde falle la competencia, deberá ser posible segregar las nuevas redes en una compañía para que todos los operadores puedan alquilar esa infraestructura.
Todo esto viene a tratar de defender que aquellas empresas que acometen el riesgo de realizar inversiones en redes de nueva generación puedan rentabilizarlas sin perder su ventaja por el acceso obligatorio y regulado de los competidores a su red.
Esto sin duda favorece a Telefónica, que podría no verse en la obligación de tener que compartir sus redes de fibra con la competencia. Sin embargo, en la situación actual del mercado y con unas empresas competidoras que en muchas ocasiones no están dispuestas a invertir en nuevas redes fuera de los grandes núcleos de población, podríamos correr el riesgo de retrasar la Agenda Digital española, de perder el tren de la Banda Ancha y de crear a medio-largo plazo un nuevo monopolio de FTTH con Movistar a la cabeza.
¿Compartir infraestructuras o compartir inversiones?
¿Es justo que se protejan las inversiones de las empresas que arriesgan en el despliegue de nuevas redes? Sin lugar a dudas, de lo contrario a ninguna le interesaría acometer tales inversiones.
Quizá los despliegues basados en inversiones conjuntas entre compañías o incluso con la participación del Estado serían la solución al problema. Por ejemplo, hace poco saltó la noticia de que Jazztel estaría planteándose invertir junto con otras operadoras para reducir costes.
También hemos visto bastantes casos de despliegues de fibra óptica municipales en localidades donde las operadoras no estaban dispuestas a invertir por no considerarlo rentable, que incluso han sido objeto de críticas por parte de Telefónica por considerar que atentan contra la competencia.
¿Qué modelo acabará finalmente imponiéndose? Personalmente creo que si queremos dar conexiones de FTTH a una gran parte de la población española en un periodo de tiempo razonablemente corto, la coinversión público-privada y entre empresas competidoras será prácticamente imprescindible.
Más información | El País | BOE
En Xataka On | La CMT obliga a Telefónica a compartir sus conductos de fibra óptica con las otras operadoras
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