El culebrón de las regulaciones en banda ancha parece que nunca dejará de dar coletazos. En esta ocasión ha sido Jazztel, como operadora alternativa de Internet, la que ha realizado una solicitud a la CMT, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, pidiendo que, dentro de la regulación de la banda ancha en nuestro país, se incluyan también las conexiones de fibra óptica, que hasta este momento no se incluían.
Según José Miguel García, consejero delegado de Jazztel, para crear una competencia justa entre todas las compañías, también se tienen que aplicar las reformas en lo referido a la alta velocidad y no solo a las bajas velocidades.
Pero Movistar, el “coco”, ya amenazó con reducir sus inversiones en la mejora de la banda ancha en caso de que esto se llevara a cabo. Por ello, la CMT decidió limitar las medidas que tomaban a las conexiones de red menores de 30 Mbps.
Cuando miramos al futuro más inmediato, nos damos cuenta de que es cuestión de un año que esas conexiones sean las más utilizadas en nuestro país. Si no se produce un cambio en la regulación, las operadoras alternativas como Jazztel volverán a quedarse fuera del partido. Vodafone también se unió a esta petición, que dicho sea de paso, no es la primera vez que se realiza. Pero según avanza el tiempo, más necesario es que se haga una modificación, por las razones ya comentadas.
Entre las soluciones propuestas, nos encontramos una que resulta muy interesante, aunque supongo que no gustará mucho a algunos. Esta medida pasa por compartir las redes desplegadas hasta el momento, y repartir gastos en las instalaciones futuras. De tal forma que ninguna compañía asuma la totalidad del proyecto, sino que se repartan en partes iguales los gastos para realizar la instalación.
¿Sería justo este nuevo modelo?
Aunque no me parecía bien que Movistar amenazara con disminuir la inversión, y mucho menos que la CMT se dejara presionar por estas amenazas, al principio tampoco me pareció muy justo que se tuvieran que compartir las redes que ya estuvieran desplegadas, puesto que esto supuso una inversión para las compañías que las financiaron.
Bien es cierto que una gran parte de estas inversiones las hizo España cuando Telefónica era una empresa del gobierno. Pero otras muchas las hicieron Movistar y compañía cuando eran ya empresas privadas. Por ello mi primer pensamiento fue que esta medida no era muy justa, pero no podía estar más equivocado.
Compartir gastos en las futuras instalaciones no será tan rentable para las operadoras alternativas, puesto que las grandes serán las que más van a aprovechar unos elementos que se han pagado por partes iguales. En cualquier caso, a las alternativas no les queda otra. Si quieren utilizar las ya instaladas, tendrán que asumir también los gastos de las nuevas. Y en realidad, este modelo permitiría a las alternativas ponerse al nivel de las más grandes, y ahora sí que tendrían la opción de conseguir clientes con mejores precios.
Pero es más, permitiría que operadoras completamente nuevas puedan entrar en España y tener las mismas condiciones que el resto. Esto, aunque muy mal visto por las compañías ya establecidas, sería lo más justo y beneficioso para el cliente. Veremos qué es lo que se acaba haciendo al final, que todo apunta a que se seguirá mimando al gigante azul de siempre. La mentalidad española tiende a ponérselo muy difícil a los nuevos, y no nos damos cuenta de que así solo nos perjudicamos, como está ocurriendo con la banda ancha en nuestro país.
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