Hace unos días, el Gobierno presentó el nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que además de regular las portabilidades y reforzar los derechos de los usuarios, también actualiza el servicio universal de telecomunicaciones sacando de él las cabinas, algo que ya habían solicitado en numerosas ocasiones tanto la CNMC como Telefónica.
Este servicio, que en 2016 le costó a Telefónica casi 17 millones de euros y casi 15 millones en 2018, lleva años sin redefinirse, pero, como adelantó el Anteproyecto de Ley, pronto incluirá también el ancho de banda necesario para soportar un determinado conjunto mínimo de servicios. Veamos en qué consiste actualmente el servicio universal y qué cambios se esperan en él.
Adiós cabinas y guías, hola servicios online
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital define el término "servicio universal" como: conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, con una calidad especificada y a un precio asequible.
Y en esa categoría, están incluidos según la Ley General de Telecomunicaciones los siguientes servicios:
Suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija con capacidad de banda ancha a 1 Mbps.
Prestación del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija.
Prestación del servicio de telefonía de pago con monedas o tarjetas a través de los terminales ubicados en la vía pública (cabinas telefónicas).
Elaboración y entrega de la guía de números de abonado. Desde el 1 de enero de 2019, no forman parte del servicio universal.
Servicio de consulta telefónica sobre de números de abonado.
Medidas específicas para usuarios con discapacidad.
La actual Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros, de manera que la CNMC determina las aportaciones que correspondan a cada uno.
Hasta el 1 de enero de 2023, el operador designado para garantizar el suministro de la conexión a la red fija con capacidad de banda ancha a 1 Mbps y el servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija, hasta el 1 de enero de 2023, es Telefónica, que opera con el nombre comercial de Movistar. En el caso de las cabinas, también es Telefónica, pero sólo hasta el 1 de enero de 2022.
Al haber multitud de ofertas disponibles en el mercado, no hay un operador designado para el servicio de consulta telefónica sobre de números de abonado, ni para la elaboración y entrega de la guía de números de abonado.
El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno redefine el término "servicio universal" como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
Además de eliminar definitivamente del listado las cabinas y las guías telefónicas, añade como principal novedad un ancho de banda necesario para soportar el siguiente conjunto mínimo de servicios:
Correo electrónico.
Motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo tipo.
Herramientas básicas de formación y educación en línea.
Prensa o noticias en línea.
Adquisición o encargo de bienes o servicios en línea.
Búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo.
Establecimiento de redes profesionales.
Banca por internet.
Utilización de servicios de administración electrónica.
Redes sociales y mensajería instantánea.
Llamadas telefónicas o videollamadas (calidad estándar).
Es decir, aunque el Proyecto de Ley no define la velocidad mínima de la conexión de banda ancha incluida en el servicio universal, está previsto aumentarla notablemente para garantizar la posibilidad de llevar a cabo ese conjunto mínimo de servicios online.
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