Telefónica, que hoy mismo ha presentado sus resultados financieros correspondientes a 2021 con unos beneficios cinco veces superiores al año anterior, acaba de ser sancionada nuevamente por la CNMC. Si hace un par de meses recibió una multa por el uso indebido de números 902, en este caso es por un motivo muy diferente.
Según explica la CNMC, durante un año, Telefónica denegó el acceso a sus conductos y postes a los operadores que prestan servicios a clientes empresariales finales. Eso supone un imcumpliento en sus obligaciones en materia de acceso a sus infraestructuras y le ha acarreado una sanción de 3 millones de euros.
Rechazó y retrasó 41 solicitudes de uso compartido
La CNMC, a través de la oferta mayorista de acceso a registros y conductos (MARCo), impone a Telefónica una serie de obligaciones relativas a su infraestructura física de obra civil (conductos, registros, postes, etc.). Ese acceso es el que permite a los operadores alternativos usar los postes y conductos de Telefónica para desplegar sus propias redes de comunicaciones electrónicas.
Entre esas obligaciones, también se incluyen la de atender las "solicitudes razonables de acceso" de los operadores terceros sin discriminación. Sin embargo, la CNMC asegura que, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, Telefónica rechazó y retrasó injustificadamente 41 solicitudes de uso compartido (SUC) a la oferta MARCo efectuadas por seis operadores alternativos.
Dichas solicitudes eran para prestar servicios a clientes empresariales finales o proceder a tendidos de fibra óptica autorizados conforme a dicha oferta. Esa actuación de Telefónica impidió, por tanto, que esos operadores alternativos tuvieran la posibilidad de ofrecer servicios a sus clientes en igualdad de condiciones, algo especialmente importante en el segmento empresarial, donde Telefónica tiene una posición muy dominante.
Además, según explica la CNMC, se trata de "una conducta particularmente grave" porque afecta a la infraestructura física, un elemento fundamental para llevar a cabo la transición hacia las redes de acceso de nueva generación. Por todo ello, ha interpuesto una sanción de 3 millones de euros a la compañía presidida por Álvarez-Pallete.
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