Si algo sabemos muchos contribuyentes es que los distintos organismos públicos siempre están buscando maneras para recaudar más, mediante distintas tasas e impuestos con más o menos justificación que también se extendieron a los operadores móviles.
Numerosos ayuntamientos españoles vieron un filón en los operadores y sus antenas y decidieron imponer tasas municipales, calculadas según los ingresos de las compañías en dichas localidades, por el simple uso de antenas y redes, tasas que ahora se tendrán que retirar tras varias sentencias judiciales.
Evidentemente a los operadores no les hizo nada de gracia tener que pagar por el simple uso de algo que ya pagan, por los alquileres de los terrenos donde se sitúan las antenas o el coste del alquiler de las frecuencias, y decidieron recurrir a los tribunales, que tras varias sentencias contradictorias les han dado la razón.
Ha tenido que ser el tribunal supremo el que en contra de lo dictado por los tribunales superiores de Navarra y Extremadura ha dado la razón a Vodafone y Movistar y que impone la retirada de las tasas que exigían Tudela y Santa Amalia respectivamente pero que probablemente se extenderá, al sentar jurisprudencia, al resto de ayuntamientos con dicha tasa.
Los jueces además han señalado que la cantidad exigida a los operadores era desproporcionada y estaba fuera del mercado, al exigir el 1.5% de los ingresos de estos en cada municipio. La eliminación de estas podría suponer un duro golpe a las arcas de los ayuntamientos grandes como Burgos, que contaba con tres millones de euros de ingresos por este concepto para este año.
Vía | Cinco Días
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