Es posible que te preguntes que cómo es posible que se sigan produciendo timos telefónicos en nuestro país, cuando es necesario presentar nuestra documentación hasta para obtener un número de prepago. Uno de esos números que en otros países (como Estados Unidos) se usan habitualmente entre maleantes. Aquí no funciona así, y la pista de qué puede ocurrir nos llega a raíz de una multa a Vodafone a raíz de un caso de suplantación de identidad.
El caso que ha acabado costando 100.000 euros a Vodafone parte del momento en el que un individuo se persona en una tienda del operador y adquiere un número de teléfono de prepago. Algo que no tiene nada de raro salvo por el hecho de que la documentación que presenta no le pertenece, y la AEPD ha considerado que Vodafone no comprobó la veracidad de dichos datos. A partir de ahí, una estaba en Wallapop, una denuncia al juzgado y, posteriormente, una denuncia al operador.
Dos errores humanos provocan una multa de la AEPD a Vodafone
En el año 2019, un individuo se persona en una tienda de Vodafone y adquiere una tarjeta prepago de la compañía. Para ello entrega la documentación pertinente y un empleado del operador procesa todos los datos. Dicho individuo sale de la tienda con un número de teléfono que, como posteriormente comprobaría la Guardia Civil, se emplea para cometer un presunto fraude a través de Wallapop empleando dicho número para recibir dinero a través de Bizum.
La Guardia Civil procede a formalizar la denuncia, se rastrea al propietario del teléfono y se le cita en dos juzgados para comparecer por dicho fraude. El problema es que dicho propietario no es el propietario real, sino que le fue sustraída la documentación para el alta del número de teléfono. Primer giro de los acontecimientos porque ya no hablamos únicamente de fraude sino de suplantación de identidad. La Agencia Española de Protección de datos determina en el mes de febrero de 2022 que la culpa de este alta fraudulenta es de Vodafone.
Según indica la AEPD, el empleado o empleada que cursó el alta del número de prepago implicado en el fraude no comprobó adecuadamente los datos facilitados, y no verificó que, efectivamente, pertenecían a la persona que retiraba el teléfono. Este caso de mal uso de datos personales se salda con una multa de 100.000 euros para Vodafone, que pidió disculpas al usuario cuya documentación fue sustraída.
Vodafone procede a acogerse a una reducción del 20% del importe de la multa por pago voluntario, lo que la deja en 80.000 euros. Pero, de nuevo, un fallo humano causa que la multa vuelva al importe inicial. La operadora realizó la transferencia del importe a una cuenta equivocada, por lo que se anula la reducción del 20% de bonificación. Como indican nuestros compañeros de Genbeta, esos 100.000 euros de multa serán efectivos "siempre y cuando Vodafone no recurrar ahora a la justicia ordinaria".
Vía | Genbeta
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