¿Crees que el iPhone X es caro? Pues hay lugares donde ese mismo teléfono costará casi el triple, concretamente 2.600 dólares por la versión de 64 GB frente a los 999 dólares que nos costaría adquirirlo en cualquier otro lugar. Uno de esos lugares es Argentina, donde los teléfonos móviles (y especialmente los de Apple) tiene un coste de hasta el 170% más que en Estados Unidos.
El país lleva sufriendo este problema desde 2011 debido a la escala impositiva que se aplica a ciertos productos tecnológicos que no son fabricados localmente. ¿El resultado? Contrabando organizado con "mulas" que traen teléfonos desde países colindantes y un verdadero problema social en torno a la brecha tecnológica.
Tierra del Fuego, tierra de nadie
Para entender el por qué de este fenómeno tenemos que remontarnos a 2011. Fue entonces, justo después de la crisis, cuando el Gobierno argentino aplicó políticas de sustitución de importaciones con el fin de promover el consumo de productos propios del país, imponiendo así limitaciones a la entrada de productos extranjeros (a base de aranceles e impuestos sobre las exportaciones desorbitados).
Argentina se convertía así en uno de los países más proteccionistas del mundo poniendo trabas comerciales e incluso prohibiciones periódica a la importación a productos como el queso francés, los coches de BMW, las muñecas Barbie y los ordenadores o teléfonos de Apple.
Fábrica de ensamblaje en Tierra del Fuego
Argentina bloqueaba o retrasaba las importaciones con el fin de impulsar su superávit comercial y con ello, obligar a las empresas extranjeras a fabricar sus productos dentro del país, concretamente en Tierra del Fuego. Algunas compañías como BlackBerry accedieron a trabajar con ensambladores locales, pero otras como Apple se negaron en rotundo, lo que hizo que las trabas comerciales hacia los de Cupertino (y todos los que nos produjeran en Tierra del Fuego) fueran aún mayores, desencadenando sobre sus productos lo que se conoció como el 'Impuestazo tecnológico'.
Contrabando de móviles organizado
Esta situación deviene de forma inevitable, en un éxodo de consumidores en busca de su smartphone al mejor precio fuera de las fronteras de su país. El destino predilecto de los quieren un teléfono a precio no de ganga, sino racional, es el vecino, Chile. Miles de personas cruzan a diario la frontera haciendo colas de hasta 10 horas para conseguir productos (no solo tecnológicos) a precios menos prohibitivos.
Colas para pasar la aduana entre Chile y Argentina
Pero el verdadero problema no es que los ciudadanos de a pie se desplacen, sino que según no cuenta Luis Maza, periodista tecnológico y residente en Argentina, «hay bandas que organizan "tours de shopping" a Chile, para que la gente haciendo de "mulas" acuda directamente a los centros comerciales del país, compren todo, llenen el autobús, consigan pasar por aduana y lleguen al país con los artículos para revender».
Luis también asegura que gran parte de los teléfonos que se venden en el país sin contar con las operadoras y en las cadenas de artículos de tecnología son productos que llegan así desde Chile, y que hay comercios y tiendas legalmente constituidos que comercializan estos terminales.
La pobre solución del Gobierno: bloquear el IMEI
El Gobierno tiene que responder ante un problema tan grave, donde según nos cuenta Enrique Carrier, analista de mercado de telecomunicaciones y nuevos medios en Argentina, de los 13 millones de teléfonos móviles que se habrán adquirido en el país al finalizar el año, 3 millones procederán del mercado de contrabando.
Volumen de ventas entre mercado legal e ilegal
Una de las medidas tomadas por el Gobierno para frenar estas cifras de contrabando desorbitadas es la de ampliar las "listas negras" de teléfonos robados y añadir en éstas los teléfonos que hayan sido adquiridos fuera del país y no hayan declarado (y pagado la franquicia de aranceles en aduana) al entrar al mismo.
De este modo, si alguien compra un teléfono en otro país y quiere conectarlo a la red de una operadora, ésta verificará su IMEI, y si se encuentra en la lista negra, no tendrá permitido darle línea. El Gobierno planea también crear una "lista blanca" con equipos autorizados en los que formarán parte los fabricados en Tierra del Fuego, los importados en forma oficial y aquellos que hayan validado ese IMEI al entrar en el país (es decir, pagando el impuesto).
Esta medida se enfoca en frenar el contrabando, pero sigue sin mejorar la situación de los ciudadanos. Y es que las opciones son, o bien pagar el precio que tienen los teléfonos importados, o comprarlo fuera y pagar la franquicia en aduana que no es nada menos que un 50% sobre el precio total del teléfono a partir de 300 euros, es decir, que para poder entrar con un teléfono de 600 euros hay que pagar 150 euros más.
Incongruencias y problemas en la sociedad
Según nos dice Enrique Carrier, la solución más coherente ante esta situación y los 3.000 millones de pesos en impuestos que no se declaran con el contrabando sería, por un lado, reducir el coste de los teléfonos producidos en Tierra del Fuego (algo que ya está sucediendo) y por otro, eliminar esta franquicia de entrada.
Y es que el problema va más allá de impuestos o de recaudación gubernamental, realmente esta situación está suponiendo un problema a nivel social. Enrique asegura que es imposible conseguir teléfonos de gama baja, ya que los fabricantes, debido al margen del que disponen ante semejante gravamen, solo producen e importan terminales de gama media o alta.
En Argentina es muy complicado conseguir un feature phone o un móvil de gama de entrada
Esto supone que solo una parte de la sociedad argentina puede hacerse con un teléfono móvil, pero no solo por el poder adquisitivo, que obviamente es la primera de las barreras, sino también por la imposibilidad de adquirir terminales más básicos como features phones, para por ejemplo, gente de edad avanzada.
Esto hace que el cierre de la brecha tecnológica sea más lento, y además, contradice por completo al Plan Nacional de Inclusión Digital que desde el país están llevando a cabo para acercar la tecnología a todos los sesgos de la sociedad. Para Carrier las cosas aún no están claras, y las medidas ofrecidas siguen siendo un planteamiento artificial que por el momento, no parece acabarán con un problema devenido de un sistema arcaico.
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