La normativa de consumo española amplía los derechos de los consumidores al extender los distintos periodos de garantía por la compra de productos. La general pasa de dos años a los tres; con una obligación para los fabricantes de que existan recambios hasta un plazo de diez años desde la fabricación de los artículos. ¿Qué conllevan estos cambios para todos los implicados?
Comprar un teléfono móvil, otro tipo de dispositivo electrónico y casi cualquier producto de consumo implica un contrato entre el distribuidor, fabricante y comprador que acarrea distintas obligaciones para las partes. Entre dichas obligaciones se encuentra la garantía de los artículos, un periodo de tiempo durante el cual las compras quedan cubiertas por la sustitución y/o reparación. En territorio europeo dicha garantía general es de dos años, pero cada país tiene la potestad de aplicar sus propias extensiones a la garantía. España ya ha propuesto la suya. Y tiene numerosas implicaciones para todas las partes.
Hasta los dos años no habrá que demostrar que el producto no cumple con lo especificado
La extensión a tres años de garantía implica una notable mejora en las condiciones de compra de cualquier producto. Hasta ahora el periodo era de dos años; con los seis primeros meses donde no había que realizar demostración alguna de que el artículo no cumplía con las expectativas.
El cambio en la normativa de consumo impuesto por el Consejo de Ministros del 27 de abril ha visto clarificadas sus especificaciones tras la publicación en el BOE de los cambios aplicados a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dichos cambios se resumen principalmente en tres aspectos
- La extensión general de la garantía pasa de los dos años a los tres años. El cambio entrará en vigor en 2022.
- El consumidor no debe demostrar que el producto incumple con lo acordado en el contrato de compraventa hasta pasados los dos años (el periodo anterior era de seis meses). Durante el tercer año de garantía general el fabricante y/o distribuidor podrá pedir una prueba pericial que demuestre que los fallos del producto están derivados de la fabricación.
- El fabricante debe asegurar el suministro de piezas hasta diez años tras la fabricación del producto. A partir de 2022.
Estas medidas van en línea con la estrategia planteada en Europa para conseguir que los productos sean más sostenibles para el medio ambiente, también para que los consumidores puedan aprovechar en mayor medida los productos que adquieren. Tras la aprobación del 'derecho a reparar' a nivel europeo Francia fue el primer país que asumió esta estrategia con la 'ley antidesperdicio'. Mayor facilidad a la hora de reparar los productos y más información para los consumidores sobre qué artículos son más sencillos de reparar.
España dio pasos en pos de asumir las nuevas tendencias en normativas de consumo. El Ministerio anunció el índice de reparabilidad sin que, al menos de momento, haya entrado en vigor. Promover el consumo sostenible también implica que el fabricante se haga cargo de las reparaciones en el caso de que los productos no se comporten como especifica el contrato de compraventa. Y con la entrada en vigor de la nueva normativa de consumo los compradores verán ampliados sus derechos muy por encima de la media.
De uno a dos años, lo habitual en Europa y en el mundo
A nivel internacional, los fabricantes de productos comerciales especifican una garantía oficial de un año contra defectos de fabricación y fallos en el uso según lo que especifique cada marca. A partir de ese primer año no todos los países ofrecen una ley de protección al consumidor que extienda el periodo que otorga el fabricante; es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Tras ese año países como Australia o Canadá imponen una extensión de garantía a dos años gracias a sus normativas de consumo. Es el caso del territorio europeo.
Europa mantiene un mínimo a nivel de la unión que ningún país puede rebajar: los dos años. Tal y como se especifica en sus garantías al consumidor, "el vendedor debe ofrecer al consumidor una garantía mínima de dos años (garantía legal) como protección frente a los productos defectuosos o que no son o funcionan según lo anunciado". Este lapso bianual es el habitual en la mayoría de territorios de la Unión Europea.
Dado que el mínimo legal a nivel europeo está especificado por las garantías para el consumidor, algunos países decidieron caminar en sentido contrario al apostar por periodos de garantía legal más holgados:
- 3 años en Suecia.
- 5 años en Noruega e Islandia para los bienes de consumo cuya duración estimada sea larga.
- 6 años en Irlanda.
- En el Reino Unido disponen de 5 años de garantía legal en Escocia y de 6 años en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
Otros países del territorio europeo apuntan a ampliar la extensión de garantía hasta el periodo estimado de vida que posee cada producto. Dicho periodo queda establecido por el fabricante según sus criterios y se especifica en el contrato de compraventa. Así funciona la garantía legal en Holanda y Finlandia.
España da un paso adelante con los nuevos cambios en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios equiparándose a Suecia en la extensión de garantía general a los productos. Esta reforma de la normativa se amolda a la Directiva Europea 2019/771 para "garantizar una mayor durabilidad de los bienes es importante para lograr patrones de consumo más sostenibles y una economía circular".
Desde el lado de los fabricantes el cambio en la normativa española aún no se ha valorado en toda su extensión. Las marcas a las que hemos contactado nos respondieron que se encuentran en proceso de analizar todas las implicaciones que conllevará para ellas la extensión de las garantías en España.
Aparte de conocer qué supone para las marcas hemos querido consultar la opinión de las tiendas. Belén Llamas, responsable de CosasdeRegalo.com, nos explicó la dificultad que entraña para un comercio pequeño la gestión de las garantías y cómo han de asumir la mayor parte de las veces el reintegro de las compras directamente al cliente. Dado que la normativa europea ampara al consumidor, serán mayoritariamente los comercios quienes tengan que gestionar las garantías generales durante el periodo extendido de tres años; con el más que probable incremento de coste.
¿La extensión de garantía supondrá un incremento en el precio de los productos?
Ésta es la pregunta que todos nos hacemos y a la que resulta imposible responder de manera tajante y objetiva. Sobre el papel los cambios en la normativa de protección a los consumidores no tendrían por qué implicar una subida en el precio de los productos. No obstante, y según fuentes de la industria que hemos consultado, su valoración personal nos indicó que sí esperaban un aumento en los costes para los consumidores.
Echando la vista atrás podemos analizar si los cambios introducidos por la ley 23/2003, una transposición en la normativa que extendió la garantía general a los dos años (desde los seis meses anteriores), y que entró en vigor en septiembre de 2003, provocaron un aumento de precios. El incremento del IPC fue del 3,2 % (de septiembre de 2003 a septiembre de 2004), un dato en línea con la evolución del índice de precios desde el año 2000. Desglosando la inflación de 2003 por grupos observamos que el IPC de 'otros bienes y servicios' subió el 3,2 % interanual, un incremento no muy superior al IPC global (2,5 %, de enero a diciembre de 2003).
Fuentes de la industria contactadas por Xataka comentaron a nivel personal que sí esperan un incremento de precios. También es de este parecer Belén Llamas, responsable de una tienda destinada al cliente final: "Entiendo que productos con precios elevados, como puede ser un teléfono móvil, una tablet y otro tipo de productos parecidos, pueden encarecerse para poder asumir esta garantía extra" ... "Aunque es algo muy subjetivo pues al final dependerá de los márgenes que tenga la empresa para poder decidir si puede asumir este sobrecoste o lo tiene que repercutir".
En el lado contrario se posicionó Ileana Izverniceanu, directora de comunicación y portavoz de la OCU. Tras preguntarle si esperan una subida de precios por parte de las empresas:
"No debería. Estaremos atentos para que esto no suceda ya que una legislación más protectora para los consumidores y medio ambiente también es bueno para todos los agentes del mercado, incluidos los fabricantes. Los que sean capaces de poner en el mercado productos duraderos a buen precio, serán elegidos por los consumidores".
