La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida popularmente como ‘Tasa Google’, fue aprobada en octubre de 2020 y entró en vigor a principios de 2021. Posteriormente, recibió unas modificaciones dirigidas a optimizar el rastreo de los clientes a los que prestan servicio las multinacionales tecnológicas. ¿Cómo? Geolocalizando nuestros móviles.
Con esa Ley y sus modificaciones en la mano, la Agencia Tributaria española (AEAT) puede conocer quiénes utilizan los servicios de esos gigantes dentro de nuestras fronteras para aplicarles el impuesto en cuestión a esas empresas (no a los ciudadanos). Hacienda ya ha empezado a hacer uso de esa medida y, según informa Expansión, ha conseguido con ello controlar operaciones por valor de 8.000 millones de euros en un año. Pero eso sí, ha recaudado menos de lo esperado.
A través del WiFi, el bluetooth o el GPS
La ampliación de la ley de la ‘Tasa Google’ recoge que, para gravar los servicios digitales, hay que establecer dónde se han prestado. Es decir, para aplicar el impuesto correspondiente a una multinacional tecnológica, el usuario debe encontrarse físicamente en territorio español cuando utiliza lo que ella ofrece.
¿Y cómo puede controlarse eso? Haciendo uso de las distintas tecnologías de geolocalización de los dispositivos de los clientes: el WiFi, el bluetooth o el GPS. La Ley lo refleja así:
"Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización".
Eso significa que, a pesar de las dudas sobre la privacidad que genera la opción de controlar la IP del usuario, la Ley permite que Hacienda "espíe" la geolocalización de nuestro móvil con vistas a aplicar el impuesto correspondiente a las grandes tecnológicas. Esos datos de geolocalización, además, son almacenados para recogerlos en un informe que cada plataforma debe enviar trimestralmente a Hacienda.
Esta medida, como decíamos, se ha empezado a aplicar este año, de manera que 216 plataformas digitales ya han estado registrando los lugares desde donde sus clientes hacían uso de sus servicios y se los han enviado a la AEAT para que ésta pudiera aplicarles el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Con ello, asegura Expansión, Hacienda ha logrado controlar operaciones por un valor de 8.007 millones de euros y recaudar 240 millones de euros en impuestos, una cifra muy por debajo de los 968 millones que estimaba el Gobierno.
Recordemos que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es del 3% y se aplica a plataformas que ofrezcan publicidad digital y/o compraventa online de bienes y servicios, siempre que tengan una facturación anual superior a 750 millones de euros. Y eso incluye a Google, Amazon, servicios de streaming, redes sociales, reparto de comida a domicilio, etc.
