Dos semanas después de la parálisis en los procesos de portabilidad que permite cambiar de compañía manteniendo el mismo número de teléfono fijo y móvil, el Gobierno ha destensado las restricciones aplicadas inicialmente, para evitar que los clientes se sientan cautivos en su actual operador.
El Gobierno atiende de esta manera las peticiones de los operadores más baratos, los principales perjudicados de la prohibición de la portabilidad, y de asociaciones como Facua, con un nuevo Decreto Ley que permitirá volver a realizar portabilidades móviles no presenciales y también algunos cambios de operador de fibra que no requieran de la presencia de un instalador.
Según se indica en el Decreto Ley, la suspensión de la portabilidad sólo afectará a aquellas operaciones en las que sea necesaria la presencia de los operadores involucrados o sus agentes o del usuario, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
De esta manera, se facilita que puedan seguir solicitándose portabilidades online móviles, y también las de fibra que ya tengan realizada una instalación en sus hogares.
Tampoco se podrán realizar campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración, en la medida que puede incrementar la necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a centros de atención presencial a clientes o de realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes para mantener la continuidad en los servicios.
Aunque la nueva normativa impide la presencia de personal, inevitablemente hará que sean necesarios más recursos para hacer llegar las tarjetas SIM y los equipos necesarios a los hogares de los clientes la misma semana que se han endurecido las medidas de confinamiento.
Desde Xataka Móvil hemos contactado con los principales operadores del sector para conocer sus impresiones sobre el nuevo Decreto Ley. Actualizaremos en cuanto tengamos sus impresiones.
Quedan prohibidas nuevas subidas de precio
En el nuevo Decreto Ley también se prohíben las subidas de precios que no hubieran sido anunciadas con anterioridad al estado de Alarma, y que se han venido aplicando obligatoriamente por los grandes operadores durante los últimos cinco años a cambio de mejoras añadidas a las que no siempre se les saca provecho.
Según el Decreto Ley, mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya sea de abono o de prepago, siempre que dichos servicios pudieran dar lugar a operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil una vez finalizado el estado de alarma, pero que actualmente no pueden serlo.
Esta prohibición no afectará a los cambios de precios que se aplican cuando, tras un periodo de descuentos promocionales, se acaba la rebaja y comienza a aplicarse el precio oficial del servicio contratado.
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